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La Justicia Federal podría procesar a Hugo Moyano por un hotel sindical en La Falda

Los valores que se pagaron por terrenos donde se construyó el establecimiento son el centro de las sospechas.

La Justicia Federal podría procesar a Hugo Moyano por un hotel sindical en La Falda

Un edificio moderno, luminoso, remodelado por completo en 2013, con instalaciones lujosas y que lleva el nombre Primero de Mayo, es el hotel del Sindicato de Camioneros que podría conducir a Hugo Moyano a su primer procesamiento en la justicia federal. El líder sindical declaró hace pocas semanas en este expediente donde se lo acusa de lavado de activos y de perjudicar financieramente al gremio que dirige. Su suerte, en alguna medida, ahora dependerá del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) quien deberá dirimir entre una pericia oficial y una de parte sobre el valor del terreno que compró el Gremio y que dio origen a la causa.

Hugo Moyano sostiene que todas las causas judiciales que tiene abierta sólo responde a una persecución política y no teme en responsabilizar al presidente Mauricio Macri con quien tiene un abierto enfrentamiento. Los expedientes que lo investigan tienen un punto en común: involucran el manejo de fondos del Gremio que conduce.

En esta oportunidad en la localidad de La Falda, provincia de Córdoba, la compra de terrenos lindantes al hotel del Sindicato derivó en una causa por lavado de activos que inició la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (PROCELAC).

En el marco de esta causa, por primera vez, el representante de los Camioneros tuvo que declarar en su carácter de imputado por el delito de lavado de dinero ante el juez Alejandro Sánchez Freytes. No fue un acto voluntario, sino una citación formal de la justicia que lo investiga junto a otros referentes del gremio que ya declararon en la misma línea que Moyano: defendieron la compra de los terrenos aduciendo que era beneficioso para el emprendimiento hotelero de la ciudad cordobesa.

Para la Justicia los números son muy diversos respecto a la operación inmobiliaria, las diferencias son muy elevadas y buscan clarificar los montos.. Los terrenos mencionados tenían una base imponible de $ 964.553. Por ello la PROCELAC planteó que en la operación comercial se podría estar pergeñando alguna maniobra de blanqueo a través del sindicato.

Los terrenos habrían sido comprados el 11 de octubre del 2013 por la empresa Kiano SA a Jorge Cappucchio por un monto de $ 309.255. Dichos inmuebles terminaron en manos del sindicato de Camioneros, que terminó pagando seis millones de pesos, casi 20 veces su valor original.

Según el expediente que lleva el juez federal, por la compra de los terrenos el gremio pagó en 2013 en total unos seis millones de pesos, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a $ 310 mil, aproximadamente. La diferencia en los valores de la operación fue alertada por la PROCELAC que avanzó con la denuncia penal por lavado de dinero y se le sumó el delito de defraudación.

Ante estos números, el juez Sánchez Freytes de la causa ordenó una pericia oficial con una perito especializada en los valores de mercado. Esa tasación arrojó un valor de $ 3 millones sobre los terrenos que Moyano pagó el doble. Pero también, según pudo saber Clarín, los abogados realizaron otra pericia que determinó que el costo era de $ 7 millones. Sucedió que la defensa del líder sindical, cuestionó los parámetros, los mecanismos utilizados y los valores que arrojó la pericia oficial.

Para determinar la situación procesal de Hugo Moyano, el juez determinó que el Tribunal de Tasación de la Nación sea quien dirima sobre la gran diferencia de costos.

“La operación se realizó efectivamente, no fue simulada el problema en la actualidad son los costos, más allá de la volatilidad de los valores de mercado tiene que determinarse cuál es el valor más ajustado”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

En esta línea el juez decidió que el TTN defina si efectivamente el Gremio de Moyano pagó un valor por encima del que correspondía y si esto generó algún perjuicio para las finanzas del sindicato.

La justicia apunta a Moyano ya que había firmado la operación como apoderado del Sindicato de Camioneros y la Justicia sospecha de una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.

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